El decreto de la «nueva normalidad» ha permitido, casi contra todo pronóstico, que PP y PSOE aparquen los sonados desencuentros de las últimas semanas para intentar buscar soluciones consensuadas en esta nueva etapa post-estado de alarma. Ayer unieron fuerzas en el Congreso de los Diputados para convalidar el decreto que rige la «nueva normalidad». El PP anunció su apoyo después de que el Ejecutivo de coalición aceptara tramitarlo como proyecto de ley y permitir así que la oposición pueda proponer e introducir enmiendas de mejora.
Como resultado, el texto logró un abrumador aval del Congreso: 265 votos a favor frente a solo 77 en contra y cinco abstenciones. Una sólida mayoría que no se veía desde las primeras prórrogas del estado de alarma. PSOE, Unidas Podemos, PP, Cs, PNV y el grueso de los partidos regionalistas construyeron este bloque, del que se quedaron al margen por propia voluntad tanto Vox como los partidos independentistas: ERC, Bildu, Junts y la Cup.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, fue el encargado de defender un texto que se mantendrá vigente «hasta que el Gobierno declare el final de la crisis sanitaria, después de escuchar a las comunidades y previo informe del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias», subrayó. Illa pidió el apoyo de la Cámara a unas medidas que dibujó como «necesarias, proporcionadas y elaboradas contando con las comunidades y con un alto grado de consenso». La medida con más impacto en el día a día de los españoles es la obligatoriedad de la mascarilla.
Además de defender el contenido del decreto, Illa incidió en que el Gobierno aceptará aportaciones de los partidos durante el trámite de enmiendas. Entre los cambios que aspiran a introducir los populares se encuentra la elaboración de un plan jurídico ante posibles rebrotes para no tener que volver a recurrir al estado de alarma. También considera necesario reforzar la atención primaria o crear una oficina de atención a las víctimas de coronavirus.
Pastor: «Por la salud pública»
La postura del PP fue defendida por la exministra de Sanidad, Ana Pastor, quién armó un sólido discurso destacando la necesidad de «ayudar en bien de la salud pública» y preparar al país para una segunda gran oleada de contagios. La también portavoz de la Comisión de Reconstrucción pidió a Illa, no obstante, que «asuma responsabilidades» porque «en buena parte no han acertado» durante la gestión. «El virus campa libremente, pero las cifras terribles no son casualidad, una parte se podría haber evitado», advirtió Pastor, con conocimiento de causa.
Nada tuvo que ver este discurso ni en forma ni en fondo con el que realizó el diputado de Vox, Juan Luis Steegman. Esta alocución se centró en defender el «no» rotundo de su grupo al texto del Gobierno, cargando con dureza contra la gestión sanitaria del Gobierno y aseverando que el plan de desescalada fue «arbitrario y caótico». Por su parte, el portavoz de Cs, Edmundo Bal, pidió unidad a todo el arco parlamentario y solicitó al Gobierno que acepte las «mejoras técnicas».
Mayoría de investidura, rota
La unión de fuerzas entre PSOE, PP y Cs volvió a romper la mayoría de la investidura y de nuevo en torno a una materia crucial para el país. La voladura se produjo, además, con cierta saña por parte de los socios secesionistas del Gobierno, ERC y Bildu, que dejaron ver durante el debate su extrema irritación porque el Ejecutivo siga incluyendo a Ciudadanos en su aritmética.
«Es un real decreto incompleto que se queda a medias» , atizó el diputado de ERC, Xavier Eritja. «Nuestro grupo ha percibido de manera preocupante un exceso de hermetismo y bunkerización en la toma de decisiones así como una cierta actitud paternalista hacia las comunidades», abundó en la crítica.
«Mientras permitíamos las prórrogas del estado de alarma alertamos al Gobierno de que dejaran de mirar a la derecha, que cuidasen la mayoría progresista de esta Cámara, pero hicieron caso omiso y siguieron mirando al ala naranja del trío de Colón», reprochó por su parte la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua. «La derecha y sus políticas y la izquierda y nuestras políticas son incompatibles, y advertimos de que si seguían pactando con la derecha perderían apoyos», remachó.
La batalla siguió fuera del pleno. Bildu incluyó la derogación de la reforma laboral entre sus propuestas en la Comisión para la Reconstrucción para forzar al PSOE a retratarse. Si los socialistas no admiten esta idea en el dictamen final, el grupo secesionista podrá acusarles de haberles engañado. Si lo hacen, el Gobierno no solo abrirá un frente con los empresarios sino que tendrá más problemas para negociar las ayudas europeas. Y para rematar, Bildu, ERC, Junts y PNV trasladaron al Senado su pulso con el PSOE por los GAL y solicitaron la creación de una comisión de investigación.
Además de ERC y Bildu, otros dos socios del Gobierno como Compromís y el BNG también se descolgaron de la mayoría de la investidura al decidir abstenerse en la convalidación del decreto. Las grietas de la mayoría de la investidura han ido a más durante las últimas semanas. Aún es pronto para evaluar si llegan ya a los cimientos, pero es evidente que la entrada del PP y Cs en el juego de la negociación plantea una aritmética diferente de la que aupó a Sánchez a la Moncloa.
abc
Etiquetas:
